El 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, se concretó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, priorizando el derecho al acceso de información, participación pública en la toma de decisiones y a la justicia en materia medioambiental.
Es el primer Acuerdo en el mundo en contener disposiciones específicas respecto a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, razón por la que distintas organizaciones sociales exigen que las naciones se adhieran.
El documento, de carácter regional y vinculante, se abrió a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe en septiembre de 2018 en la ONU. Actualmente, 21 países ya han firmado el tratado, mientras que sólo seis de ellos lo han ratificado. Se necesita que 11 estados ratifiquen el tratado para que pueda entrar en vigencia.
El plazo para suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú concluye el 27 de septiembre de 2020. Con plena conciencia de ello, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) publican este documento como un doble llamado de atención pública, por una parte, instando al Gobierno de Honduras a ratificar el Acuerdo de Escazú como una cuestión prioritaria y, por otra, convocando a la sociedad civil organizada a movilizarse para exigir que nuestro país no quede fuera de tan importante instrumento internacional. No se puede perder una batalla tan importante sin siquiera haberla iniciado.
El acuerdo de Escazú, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable.
El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable.
En línea con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú establece importantes estándares que serán fundamentales para abordar algunos de los desafíos más apremiantes del país y del mundo, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales.
El Acuerdo busca proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables. Este tratado también resalta las obligaciones de los Estados de fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable.
Es un momento en el que las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra ellas.
Al ratificar cuanto antes este emblemático Tratado, Honduras daría un gran paso en su compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y, simultáneamente, la sociedad civil, en particular las organizaciones promotoras del derecho al medio ambiente y a la información, lograrían un avance fundamental en sus aspiraciones de construir un mejor país.