Los Derechos Humanos y la protección a quienes se constituyen Defensores y Defensoras de estos es uno de los temas, que en el último lustro ha sido incluido en la agenda pública del país, de tal manera que, en el 2015 se aprobó a Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
No obstante, en los eventos sociopolíticos suscitados en el periodo 2015-2018 (crisis postelectoral, caravana de migrantes, y diversas manifestaciones y huelgas) se evidencia que aún persisten distintas formas de violación a los derechos humanos de la población nacional y a sus defensores; asimismo, según la información de instituciones tanto nacionales como internacionales denunciaron que muchas de las agresiones cometidas se ejecutaron por funcionarios públicos (principalmente la Policía Nacional y Policía del Orden Público).
El presente informe se ha realizado a fin de conocer la asignación, así como la efectividad del gasto público en relación a la protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia. No obstante, se evidencia el desbalance que existe entre el discurso y lo que se ejecuta de manera concreta.
No se logra identificar, dentro del Presupuesto General de la República, líneas de gasto relacionadas al tema, tampoco sanciones que serán aplicadas en aquellas instituciones que reciben fondos públicos que participen de agresiones a defensores de Derechos Humanos. Para el FOSDEH toda política pública debe contar con una asignación presupuestaria, en este sentido la asignación de presupuesto que se realice expondrá la prioridad del gobierno para el cumplimento de dicha política. En este sentido, la intencionalidad gubernamental con cierto respaldo internacional bajo el argumento de revertir los problemas sociales, así como las agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el país se puede ver reflejada en la tendencia creciente y significativa en el tamaño del presupuesto público que formulan, aprueban y ejecutan las autoridades Nacionales a lo largo de cada ejercicio fiscal. Sin embargo, los resultados favorables hasta la fecha son en el mejor de los casos, pocos y muy modestos.
Las asignaciones presupuestarias son un desafío de fortalecer los programas y proyectos para la protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; sin embargo, esto solo será posible a través de una adecuada planificación, asignación financiera, la vinculación de Planes Operativos de las instituciones a las necesidades sociales y el fortalecimiento de redes de trabajo conjunto entre actores como, por ejemplo: Sector Público, Empresa Privada y Sociedad Civil.