“En reiteradas ocasiones, hemos reconocido la importancia y el potencial de la inversión a través del otorgamiento de concesiones e inversiones privadas y públicas, nacionales e internacionales para generar prosperidad en las comunidades y en el país.
Igualmente, se ha dejado en claro que la inversión en concesiones y tercerización de servicios de energía deben llevarse a cabo junto con medidas adecuadas y efectivas que permitan asegurar que se realicen con enfoque en los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos.
El Estado debe cumplir las obligaciones ineludibles de no solo garantizar y respetar los derechos humanos, sino también la implementación de medidas de reparación efectivas en caso de alguna violación, en el contexto de las actividades de extracción, explotación y desarrollo de los proyectos.
Asimismo, vigilar que las empresas operen con la debida diligencia, asegurando la previsibilidad y probabilidad de los riesgos más latentes que, según la naturaleza de sus inversiones, deben hacer frente.
La investigación Territorios en Riesgo II[1] evidencia como, en la práctica, los pueblos indígenas y negros están siendo impactados por la implementación de proyectos de extracción y desarrollo. Se ve afectado el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la consulta y el consentimiento, a la identidad cultural, a la información y a la participación, entre otros.”
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[1] www.territoriosenriesgo.unah.edu.hn