Muchos políticos que se nutren del intercambio de favores ocultan sus prácticas clientelistas[1] en diferentes programas de la administración pública, sobre todo en aquellos relacionados con la asistencia social. Estas prácticas, conforme a la perspectiva del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), tienen como tendencia incrementar en el marco de las elecciones internas como generales. Es importante indicar que también se puede incluir favores de reglamentación, y la inclusión de políticas públicas y sociales que generan beneficios a un grupo en específico de la población.[2]
Con lo antes mencionado, en Honduras, estas prácticas suelen observarse en los programas sociales que benefician mayormente a los prosélitos del partido que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo. Estas medidas también son implementadas por los postulados a diputados y alcaldes, quienes buscan beneficiar a las comunidades de sus pueblos o lugares de origen adeptas, ofreciendo asistencia social, canonjías o transferencias monetarias, etc., dependiendo de las necesidades que tenga el cliente político, aun así, se agregan promesas por cumplir al momento de ganar la candidatura.
[1] Entendiendo el clientelismo como “la representación de la relación entre el político y elector, en el que el político ofrece beneficios, entre ello se puede mencionar bienes o servicios, ayuda económica, proporcionar un terreno, acceso a empleo, entre otros” (Audelio, J. (2004) ¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la política en los países en vías de consolidación democrática. Estudios Sociales, vol. 12, núm. 24.)
[2] Alonso, G. (2007). Acerca del clientelismo y la política social: reflexiones en torno al caso argentino. Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 37.