El Costo de la Democracia en Honduras

Parte I. Descripción y sistematización de las propuestas de reformas y realidades presupuestarias

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La falta de planificación presupuestaria en las últimas elecciones ha sido una constante en Honduras, lo cual queda demostrado en una débil asignación de fondos en los presupuestos aprobados a las instituciones encargadas directa e indirectamente en el proceso, lo que al final representó una sobre ejecución para el manejo de las elecciones al finalizar el año fiscal. Anomalía que se debe corregir si deseamos una robusta reforma electoral y un próximo proceso electoral (2021) eficiente y eficaz.

El Congreso aprobó algunas de las bases para una amplia y urgida reforma electoral del país, todo esto luego de las elecciones generales del 26 de noviembre del año 2017 que confrontó a los ciudadanos con un sistema electoral obsoleto (algo que sigue vigente) y con altas percepciones de fraude. Se comenzó con la creación de dos entes, uno que administrará la justicia electoral denominados Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el otro, veedor del proceso y sistema electoral denominado Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, se necesita en la actual legislatura consensuar otras reformas y complementarlas con las respectivas normativas de cada uno de los entes, para su efectivo funcionamiento y temas vinculantes a las dos nuevas leyes electorales.

El 19 de enero de 2019 con una mayoría de 112 votos de diputados y diputadas del Congreso Nacional a favor, 15 votos en contra y una abstención se aprobaron las Reformas Constitucionales mediante las que se disolvió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para dar vida a los dos nuevos órganos antes mencionados. Además, reformado el Registro Nacional de las Personas (RNP) para dar marcha a un censo electoral bajo una identificación y sistema nuevo. Dichos órganos quedaron conformados por miembros de los partidos políticos mayoritarios de las últimas contiendas electorales, a pesar de las recomendaciones de “despartidización” hechas por misiones internacionales de observación electoral y propuestas de organismos nacionales en los procesos electorales de 2013 y 2017 (algunas, desde antes).

Sumado a estas reformas, anteriormente se creó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (Decreto No 137-2016 que se publicó oficialmente el 18 de enero del 2017). Y es en el artículo 20 de esta ley, que nace la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos más conocida como “Unidad de Política Limpia”, la que en la Ley se adscribe al Tribunal Supremo Electoral y establece que se encargará de “revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos públicos y privados de los sujetos obligados, su fiscalización y sus sanciones”

En el año 2018 a la “Unidad de Política Limpia” como se conoce, le aprobaron L 5 millones y posteriormente se realizó una modificación presupuestaria de 150.4% (la ejecución presupuestaria representó la cantidad de L 20.8 millones). Mientras que para el año 2020 fueron asignados adentro del presupuesto del CNE alrededor de L 30 millones. Se espera que el presupuesto cubra con las necesidades de fortalecer la capacidad técnica profesional y ampliación del alcance de la Unidad. Aunado a lo anterior, se vuelve de vital importancia llegar a consensos sobre el órgano al cual quedará adscrita la “Unidad”, o por el contrario si será un ente independiente.

La respetuosa solicitud del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDEH que se discutan las reformas con análisis económicos, sobre todo presupuestarios, se fundamenta por la observación de la no planificación presupuestaria del ente electoral en años anteriores (hablamos del TSE), aún en años electorales no se le asignó los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. En las elecciones primarias y generales del año 2017 se le aprobó un presupuesto de L 204.6 millones y se ejecutó más de L 1,200 millones, un 600% más de lo aprobado. Además, las elecciones anteriores, año 2012 y 2013, se ejecutó más de 1000% y 146% respectivamente con respecto al aprobado. Además de un sinnúmero de propuestas hechas por diferentes actores y organizaciones de orden internacional y nacional, para llevar a cabo procesos electorales transparentes y legítimos.

Sin contar que ahora, gracias a las reformas electorales se cuenta ahora con un ente que administrará la “justicia” electoral, y para el año 2020 manejará alrededor de L 35 millones. El TJE solicitó alrededor de L 100 millones, pero solo le fueron aprobados L 35 millones, poniéndolos en dificultad para adquirir o alquilar sus instalaciones propias, y la consolidación de equipo y personal. A mayo 2020 llevan casi 5 meses alojados en las instalaciones del CNE [[1]].

Las elecciones presidenciales, las de diputados y demás autoridades hondureñas, han sido vistas por algunos sectores como la solución a todos los problemas nacionales. Más de alguna voz dirá (con franca ironía de nuestra parte) que incluso sirve como remedio contra la Pandemia y, que para esa ocasión será mejor poner suficiente dinero en la democracia que a cualquier mal que nos azote, pero, también, las voces de no destinar recursos para no llevar a cabo elecciones, reformas y demás proyectos complementarios así allanan el camino al autoritarismo. De paso las verdaderas reformas que se requieren y quienes las impiden, tendrán la excusa de este virus para que sean postergadas en algún momento de la eternidad. En palabras del momento, la democracia tiene un costo, pero ¿Cuánto es? Observemos las propuestas de reformas electorales de la última década y las realidades presupuestarias;