Un año después de la emergencia generada por la pandemia COVID‐19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueba el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces para controlar la propagación del virus y disminuir la carga en el sistema de salud. No obstante, contar con mayor cantidad de dosis de vacuna contra el COVID‐19 no es suficiente para lograr erradicar la crisis sanitaria. Para ello se debe alcanzar una alta cobertura de vacunación en la población, garantizando un acceso justo y equitativo y comenzando con los grupos más propensos a contagiarse y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Para el caso de los países de América Latina y el Caribe, que se caracterizan por presentar condiciones estructurales de desigualdad, inequidad, vulnerabilidad y exclusión social, avanzar en la masiva vacunación de la población ha sido un gran desafío. En abril de 2022, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Erienne, mencionó que más de dos tercios de las personas en América Latina y el Caribe ya habían recibido dos dosis de la vacuna contra la COVID‐19. Sin embargo, en algunos países, esta cobertura aún no alcanza ni siquiera a la mitad de su población.
Al observar la cobertura de vacunación en Centroamérica, en junio de 2022 y con datos ofrecidos por las autoridades de cada país, Nicaragua lidera la lista, con un 82% de la población con el esquema completo de vacunación, seguido por Costa Rica con un 80%; El Salvador con un 66% de su población y Honduras se ubica en el cuarto lugar con 53% de la población vacunada, antes de Guatemala (35%). En este sentido, la situación de vacunación en la región no es homogénea y evidencia brechas entre los diferentes países y al interior de estos. Aunque se presentaron esquemas de priorización, todavía se encuentra una población en situación de vulnerabilidad a la que no se ha alcanzado a cubrir. Por lo tanto, es imprescindible facilitar el acceso de vacunas a los grupos en situación de vulnerabilidad y asegurar que la pertenencia étnica, el género, el estatus migratorio y la discapacidad no sean un obstáculo para la vacunación contra la COVID‐19. Es así como la presente investigación pretende observar y comparar los esquemas de priorización que ha implementado el sistema de salud hondureño para la distribución de vacunas, con el objetivo de contribuir a esclarecer las fallas y delimitar la o las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia de la COVID‐19 en Honduras. La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando estadísticas descriptivas y una revisión documental con datos recopilados de la Secretaría de Salud de Honduras.