En Honduras las promesas de desarrollo derivadas en las concesiones mineras y en los contratos de generación de energía no han impactado en la reducción de la desigualdad. En nombre del desarrollo, el Estado ha utilizado los incentivos fiscales como su principal instrumento para atraer inversiones, por encima de factores como la estabilidad política o la seguridad jurídica.
Teóricamente se ha creído que, al no pagar impuestos, las empresas tienen más capacidad para aumentar su producción, incrementando las exportaciones y el empleo. Pero como resultado, el gasto tributario del Estado se ha incrementado, y peor aún, estos privilegios han incrementado la desigualdad, el conflicto social y el deterioro ambiental, perjudicando a todos: la sociedad, el Estado y las empresas.