Existe una alta percepción sobre un acceso parcial a la justicia en Honduras, hay una dependencia de la “política” y un posible grado de ineficiencia, limitando así, el cumplimiento a un derecho humano y lo que despierta “una sed de justicia” por parte de la sociedad. La aspiración nacional es que operadores de justicia, en esa búsqueda de disminuir dicha percepción, sean más contundentes, eficientes y eficaces en el uso de los recursos; sin embargo, ¿Quiénes son los llamados? la Constitución de la República de Honduras expresa en el Artículo No 303:
La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República y además dependencia que señale la Ley.
En este documento abordaremos bajo la lógica de demostrar algunas eficiencias o no, de la asignación presupuestaria al Poder Judicial y al Ministerio Público, bajo la línea de temas como: la conformación, sus principales funciones, Planes estratégicos, Planes Operativos, objetivos institucionales por año, y resoluciones, así mismo su ejecución presupuestaria durante los años, sobre todo la distribución de los recursos entre otras, para tener una aproximación de evaluación de enfoque en eficiencia de oferta y demanda.