La alianza entre CONADEH, FOSDEH, la SEDH y Servicio Civil para la Paz se preguntó al inicio de este proceso de construcción en forma de Comunidad de Práctica y Aprendizaje de un Índice de Conflictividad Socioambiental (ICSA.2022): ¿Serán los conflictos la expresión más evidente de la alteración de los reclamos de los movimientos territoriales, indígenas y afro hondureños, frente al Estado? ¿Será intrínseca a todo régimen democrático, pues es la forma que toman las exigencias o el desacuerdo de la sociedad con determinadas medidas o políticas de Gobierno?
La respuesta fue ver la conflictividad social como un fenómeno multidimensional, con implicaciones en la gobernabilidad, la seguridad, fiscalidad y otras. Si es así, ¿Cómo lograr hacer una contribución que sea útil a los movimientos sociales, pueblos indígenas y afrodescendiente territoriales para comprender, decidir y actuar sobre el conflicto?
Desde la defensoría el abogado del pueblo, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos debe fortalecer su capacidad de transformación de los conflictos desde su autonomía y rol particular. Comenzó con una base de información analítica en cada región de los conflictos socioambientales. Es decir, los que hacen referencia a aquellos generados por actividades extractivas como la industria petrolera, la minería, la tala legal o ilegal de madera, las ampliaciones de fronteras agropecuarias, los conflictos por la tenencia de la tierra y/o por recursos naturales como el agua, el bosque, el suelo o el aire, entre otros (Balvin, 2005). Además, un índice de conflictividad que, aunque hoy por hoy es nacional; es contentivo de los recursos conceptuales, de información, de gestión y proceso de construcción multi actores encaminados a para alcanzar un nivel desagregado territorialmente por departamento, municipio en un corto plazo.