Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas recién en el año 2018, alrededor del 45 % de la población hondureña son menores de 17 años. Aunado a esto, más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza y de estas el 40 % en condiciones de pobreza extrema y, considerando que históricamente Honduras ha sido un país con una sociedad relativamente joven, no es extravagante pensar que son, en su mayoría, los jóvenes, niños y niñas del país quienes más son afectados por la incidencia de la pobreza en la nación.
Por supuesto, lo anterior se ve reflejado claramente en las estadísticas sociales, cada vez son menos los adolescentes e infantes que asisten a un centro educativo, respecto del 2015, la cantidad de personas con edades entre 5-18 años que asistieron a un centro educativo al 2018 (1,452,948) se redujo en 56,558. Por otro lado, para 2018 hay 1,738,709 menores de 18 años en edad de trabajar, de estos 479,685 están ocupados y 37,727 desocupados. De los casi quinientos mil ocupados 93,389, están en condición de subempleo visible y 142,874 en subempleo invisible, condición que ya se mencionó anteriormente afecta los ingresos de la persona y el crecimiento laboral.
Si bien se observan ciertas mejorías en otros indicadores socioeconómicos aplicables a la niñez y adolescencia en Honduras, persisten debilidades de carácter estructural que limitan las capacidades y oportunidades de desarrollo de las niñas, niños y jóvenes del país. No obstante este escenario incide en la decisión que muchos han tomado de abandonar el país en un éxodo migratorio, que aunque en condiciones mayormente riesgosas, parece prometer más oportunidades fuera del país.
Ante esto, es imperativo que el gobierno haga el mejor uso de los recursos del Estado para atender a los jóvenes, niños y niñas del país que necesitan un medio para ascender al desarrollo. La inversión pública es un útil instrumento para este fin, sin embargo, debe contener criterios de eficiencia y eficacia, de forma que a través de ella aumente la productividad nacional, particularmente del individuo, que para el caso en lo referido a los jóvenes, niños y niñas de Honduras.
Dentro de la contabilidad nacional, aplicada en la Secretaría de Finanzas, puntualmente en la Dirección de Crédito e Inversión Pública no existe un renglón que se refiera a la “Inversión Pública en Niñez y Adolescencia” lo cual dificulta tanto la medición como la comparación con otros países de la región, en este sentido, revisando los programas y proyectos dentro del Programa de Inversión Pública aprobado por el Congreso Nacional para los años 2015 al 2018, se observar que de L13,317.04 millones 2018 para Inversión Pública, el 12 % es destinado a programas y proyectos cuya área de influencia es la niñez y adolescencia, no obstante esto, es preciso resaltar que, en cuanto a salud y educación (que desde la experiencia internacional han demostrado ser, catalizadores del desarrollo) solamente se invierte el 36.8 % del total invertido para el 2018; L 1,691.26 millones para educación y L3,209.40 millones para salud. En contraposición para en el 2018 Comunicaciones y Energía se destinaron L 9,455.07 millones, sin que se observen mejorías en estos servicios, sino todo lo contrario.
En cuanto a las fuentes de financiamiento de la inversión pública en niñez y adolescencia en el periodo 2015-2018, el crédito externo sigue siendo la principal fuente de recursos, 74 % en promedio en los años de referencia en principio esto planeta una situación propensa al riesgo, en el sentido que depende de la obtención de dicho crédito; en segundo lugar y muy por debajo del crédito externo se encuentran los recursos del tesoro nacional, que representa un 20 %. Balanza
De esto se interpreta que el dinero del hondureño propiamente dicho no se está invirtiendo en proyectos que contribuyan al aumento del acervo de capital humano infante y juvenil, sino que se recurre a fuentes externas.
El hecho que la mayor fuente de financiamiento sea el crédito externo evidencia que no hay primera prioridad en la asignación de fondos nacionales para la atención de infantes y jóvenes, en este sentido, es necesario que sean revisados los programas de atención a la niñez y adolescencia, así como la asignación de recursos para este fin, ya que la obtención de crédito externo depende de variables con las que no siempre se podrá contar.
En este marco, es necesario para la autoridades gubernamentales revisar y readecuar las prioridades del Estado atender a la juventud y niñez que es afectada por la incidencia de la pobreza y canalizar mejor los recursos a fin de promover el crecimiento y desarrollo económico, así como el bienestar social. De manera conjunta, las diferentes organizaciones interesadas y expertas en niñez y adolescencia deben contribuir a la construcción de un Programa de Inversión Pública en Niñez y Adolescencia que permita dilucidar una estrategia clara para el desarrollo eficaz de la niñez y adolescencia en Honduras.